TENDENCIAS


Cambios
Tributarios

En setiembre de 2018 se aprobaron diversas disposiciones que modificaron, entre otras normas, el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta y la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Beatriz De la Vega

Socia de Impuestos

EY Perú

beatriz.de-la-vega@pe.ey.com

Darío Paredes

Socio de Impuestos

EY Perú

dario.paredes@pe.ey.com

Como es por todos conocido, el año 2018 ha sido un período de cambios en diversos ámbitos y ello ha alcanzado también al marco fiscal peruano. En este contexto, mediante la Ley 30823, publicada en julio de 2018, se facultó al Poder Ejecutivo a legislar en materia tributaria y financiera. Así, como consecuencia de lo anterior en setiembre de 2018 se aprobaron diversas disposiciones que modificaron, entre otras normas, el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta, Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV).


A continuación, nos referiremos a los aspectos más relevantes de la reforma tributaria que podrían tener un impacto significativo en el modelo de negocio de las compañías en el país.

Norma Antielusiva

El Decreto Legislativo 1422 incorporó cambios a la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario a fin de prevenir la elusión fiscal. Esto quiere decir que, entre otros aspectos, en caso se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente.


Asimismo, se han establecido medidas de garantía para los contribuyentes como un Comité Revisor de la SUNAT, que deberá emitir una opinión favorable cuando en fiscalización se estime que exista una transacción realizada por el contribuyente sujeto a análisis bajo la citada Norma XVI.

En este punto, se encuentra pendiente definir claramente a qué operaciones alcanzará esta Norma XVI (por ejemplo, sí existirán montos mínimos) y si se podrá establecer criterios de publicidad de los fallos, entre otros asuntos.

El citado Decreto Legislativo ha incorporado algunas disposiciones -bastante discutibles para la dirección de las empresas- que involucran un nivel de participación del Directorio de los contribuyentes en la aprobación de las estrategias tributarias; así como responsabilidad solidaria de los representantes legales que participen en la ejecución o desarrollo de una transacción que sea observada bajo dicha Norma XVI, presumiéndose un dolo en éstos. También se ha señalado que esta Norma será de aplicación a procedimientos de fiscalización definitiva en los que se revisen actos, hechos y situaciones producidos desde el 19 de julio de 2012.


Si bien es de público conocimiento que lo mencionado en el párrafo anterior es materia de discusión en cuanto a su aplicación definitiva por los actores políticos locales, lo relevante es que la Norma XVI requerirá de una mayor predictibilidad en cuanto a los términos de la misma, lo cual tendrá que ser complementado en su oportunidad con los pronunciamientos de la SUNAT y el Tribunal Fiscal.

En caso se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos para efectos del Impuesto a la Renta


Una de las principales modificaciones respecto del Impuesto a la Renta es la incorporación de una nueva definición legal de devengo mediante el Decreto Legislativo 1425. En el pasado, el vacío legal en relación al referido concepto fue cubierto por la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que remitía su análisis a las normas contables. Sin embargo, dichas resoluciones no tenían una posición uniforme.


Como regla general se establecen cuatro requisitos para el devengo. El primer requisito señala que el devengo se dará cuando se hayan producido los “hechos sustanciales”. Se entiende como tal al momento en que se reconoce la existencia de un derecho para el caso de los ingresos o de una obligación para el caso de los gastos. El segundo requisito indica que el derecho a obtenerlos o la obligación de pagarlos no estén sujetos a condición suspensiva. Por su parte, el tercer requisito menciona que el devengo se da con independencia de la oportunidad de cobro. Y, el cuarto requisito señala que cuando la contraprestación o parte de ella se fije en función de un hecho futuro, el ingreso se devenga cuando este ocurra.


Decreto Legislativo no ha incluido una regulación transitoria para aquellos casos que puedan generar un cambio de posición tributaria. El Reglamento tampoco ha regulado esta situación. Por ello, corresponderá analizar las diversas situaciones que se presentarán a partir del 1 de enero de 2019, más aun considerando que las nuevas disposiciones sobre devengo ya aplican para los pagos a cuenta desde enero de 2019.

Gastos financieros


Mediante el Decreto Legislativo 1424 se han introducido cambios importantes respecto a la deducibilidad de intereses por préstamos. Hasta el año 2018, la regla de subcapitalización de intereses limitaba la deducibilidad de intereses generados por préstamos entre partes vinculadas a que estos correspondan al importe de hasta tres veces el patrimonio del ejercicio anterior de la empresa receptora del crédito, sin embargo, como consecuencia de la reforma el legislador opto por extender esta regla a préstamos celebrados desde el 14 de setiembre de 2018 entre terceros independientes. Este límite será aplicable bajo esta metodología respecto de los ejercicios 2019 y 2020.


Es importante señalar que se han establecido algunas excepciones respecto de los bancos y aseguradoras, empresas que suscriben acuerdos de Asociación Pública Privada para el desarrollo de infraestructura, deuda obtenida por emisiones de valores en el mercado local, entre otros. Es materia de debate el hecho de que si era necesario establecer una regla de este tipo en nuestro país o si las excepciones eran suficientes.

Nótese que estas modificaciones han considerado una regla para la deducibilidad de intereses derivados de todo tipo de préstamos a partir del 2021, ya sean operaciones con partes vinculadas o con terceros independientes, condicionándose su deducibilidad a que los mismos no excedan el treinta por ciento (30%) del EBITDA del ejercicio anterior.


Este cambio de límite de un sistema patrimonial a uno basado en el EBITDA de la empresa también ha generado debate ya que supone una serie de dificultades para sectores con volatilidad en sus resultados o con alto apalancamiento, por lo que se espera que en el futuro se especifique -entre otros- qué conceptos tributarios o contables deben ser tomados para la determinación del citado EBITDA.

No domiciliados


De acuerdo al Decreto Legislativo 1424, a partir del 1 de enero del año 2019, los sujetos no domiciliados, que generen renta de fuente peruana, deberán revisar su operatividad en el país puesto que los proyectos de construcción y/o prestación de servicios que realicen en el país por más de 183 días calendario dentro de un período de 12 meses detonará la configuración de un Establecimiento Permanente. Esto significa que, en vez de que la empresa peruana usuaria del servicio efectúe la respectiva retención del IR del sujeto no domiciliado y lo pague a la SUNAT, de configurarse el supuesto, este último directamente tendrá que obtener su RUC y empezar a tributar como una empresa peruana respecto de sus rentas de fuente peruana y cumplir todas las obligaciones formales.

De otro lado, también resulta relevante mencionar que mediante el Decreto Legislativo 1369 se modificó el momento en el cual debe efectuarse la retención del IR por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar prestados por no domiciliados.


Hasta el año pasado, la oportunidad de la retención ocurría al momento del registro contable del costo o gasto por la empresa peruana usuaria o con el pago, lo que ocurriese primero. Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 2019, la retención del IR sólo será obligatoria cuando se pague al sujeto no domiciliado. En contrapartida, sólo cuando se verifique el pago, será deducible para la empresa peruana el respectivo gasto y siempre que tal pago se realice hasta antes del vencimiento de la declaración jurada anual del IR.


Precios de transferencia (valor de mercado de operaciones entre partes económicamente vinculadas)


Mediante el Decreto Legislativo 1369, un primer aspecto que se ha precisado es que a partir del 1 de enero de 2019, el “test de beneficio”, entendido como el sustento económico del por qué una empresa requiere un servicio de una parte económicamente vinculada, será de aplicación para sustentar la deducibilidad del gasto en todas las operaciones de servicio entre partes vinculadas, excluyéndose los servicios prestados por empresas ubicadas en paraísos fiscales dado que éstas últimas en su mayoría son no deducibles de acuerdo a la (Ley de Impuesto a la Renta (LIR).

Además del concepto de “paraísos fiscales” o de territorios de baja o nula imposición, se han incorporado como parte del análisis de precios de transferencia, a transacciones que provengan de un país o territorio no cooperante o de regímenes fiscales preferentes.


Por otro lado, esta reforma tributaria se ha incorporado normas sobre la aplicación del sexto método para la determinación del precio de los commodities. Hasta el año pasado, el valor de mercado de las operaciones entre partes vinculadas o con paraísos fiscales, tratándose de exportación o importación de bienes que cotizan en el mercado internacional, local o de destino, era el valor de cotización, entendido éste como la cotización de la fecha de término del embarque de bienes exportados o de desembarque de bienes importados. A partir del 1 de enero de 2019, mediante el Decreto Legislativo 1381 se modificó la aplicación de este método de precio de transferencia, disponiéndose que, el valor de mercado será el valor de cotización que haya sido pactado por el contribuyente, siempre que: (i) se haya comunicado a la SUNAT, 15 días antes del embarque o desembarque de las mercancías, adjuntando el contrato o detalle de la transacción; y (ii) lo anterior sea acorde a lo convenido por partes independientes en condiciones iguales o similares.


Esta modificación de metodología ha sido largamente esperada por las empresas que transan con commodities (por ejemplo, mineras, agroindustriales, etc.) ya que debían asumir sobrecargas tributarias originadas en una norma carente de base técnica que difiere de los estándares OCDE. El problema de adoptar como precio de mercado el precio de cotización en bolsa de los productos en la fecha de embarque es que ello difiere en gran medida de la realidad, puesto que en la práctica el mercado no funciona con ese criterio debido a que los precios pueden ser muy distintos dependiendo del tipo de negociación. Así, a partir de este año, el método de fecha de embarque se deja en última instancia y se aplicará únicamente en caso de que las empresas no cumplan con la nueva normativa.


ISC en la compra vehículos


Una reforma que habría tenido por finalidad de aumentar la recaudación es la relacionada al Impuesto Selectivo al Consumo – ISC, lo cual se dio a través de los Decretos Supremos 91-2018-EF al 95-2018-EF.


Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF en una Nota de Prensa del 10 de mayo de 2018, publicada en su página web señaló que estas modificaciones se produjeron sobre los “productos que tienen una mayor incidencia en la afectación de la salud y en el medio ambiente. (…) Ante ello, se ha dispuesto la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo que grava las bebidas alcohólicas, azucaradas, cigarrillos, combustibles y vehículos para alinearlos a las externalidades que el consumo de dichos productos generan en la salud y bienestar de las familias peruanas, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente”.


En este punto, sin perjuicio de la discusión de las razones técnicas esgrimidas por el MEF, resulta importante entender si algunas de estas modificaiones realmente tienen un efecto positivo en la recaudación, como es el supuesto específico del negocio automotriz.

En efecto, entre otras, la modificación del ISC ha supuesto los siguientes cambios en las tasas aplicables a las operaciones con vehículos:

Como se puede observar, salvo en el caso de los vehículos a gas, eléctricos e híbridos -y la eliminación del ISC a las pick up-, las modificaciones incorporadas en el régimen del ISC a los demás tipos de vehículos, supuso un incremento en las tasas aplicables a los mismos, situación que se mantiene a la fecha a pesar de las observaciones esgrimidas por el sector automotriz.

Ya los actores del mercado automotriz peruano vienen señalando que ha ocurrido un efecto contrario, esto es, una menor venta de vehículos, ello en la medida que al aumentarse el ISC, se ha tenido que incrementar el valor de venta de los mismos. Esto podría traer como consecuencia una disminución importante de la demanda, y, por ende, un menor IR e IGV, pues habrá un menor número de unidades vendidas.


Otras temas


Si bien en este artículo hemos priorizado el desarrollo de aquellas modificaciones normativas que podrían tener un mayor impacto en el desarrollo de los negocios durante el presente año, no quisiéramos concluir sin antes mencionar algunas otros temas abordados en la presente reforma que también deben ser evaluados dentro de la operatividad de las compañías.

Así, por ejemplo, mediante el Decreto Legislativo 1372 se ha establecido para las compañías la obligación de presentar una Declaración Jurada Informativa referida a su “beneficiario final”, entendido como la persona natural que efectiva y finalmente posee o contrala personas jurídicas o entes jurídicos. En ese sentido, resulta prioritario para las compañías determinar si se encuentran dentro del alcance de la obligación de presentar tal Declaración Jurada, y de estarlo, verificar el cumplimiento de los criterios para determinar la condición de su beneficiario final. Aún está pendiente de regulación los detalles, tales como la forma y condiciones para presentar la declaración y las fechas límite, entre otros aspectos.


Finalmente, disposiciones especiales han sido introducidas en el caso de FIRBIS y FIBRAS, la enajenación indirecta de acciones, la utilización de créditos indirectos, la realización de pagos a cuenta de segunda categoría por venta de valores, el ISC aplicable a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, entre otros. Todas estas disposiciones deberán ser evaluadas también por cada compañía en la medida que les sea aplicable.


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